Culiacán, Sin.- El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Comité de Adquisición de la institución están siendo acusados por no licitar compras de tortillas, totopos, nixtamal y tortillas de harina por un monto que asciende a 45 millones 526 mil 180 pesos.
Esto fue revelado en la imputación de cargos leída por los representantes de la Fiscalía General del Estado.
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Se precisa que el delito por el que se acusa a la comitiva es el de desempeño irregular de la función pública, debido a que aprobaron la compra de estos alimentos desde 2020 hasta 2022, sin pasar por un proceso de licitación.
En cambio, el rector Jesús Madueña Molina y el extitular de la UAS, Juan Elogio Guerra Liera, son señalados por el delito de ejercicio indebido de la función pública, debido a que no evitaron que se realizaran estas compras supuestamente irregulares.
Según los datos proporcionados por los representantes de la FGE, las presuntas adquisiciones irregulares comenzaron en 2020, cuando la UAS gastó poco más de 17 millones de pesos en la compra de tortillas, totopos, tostadas y tortillas de harina.
La empresa a la que se compraron los alimentos fue Sergio Chaidez Monarrez, dueño de las tortillerías Chamonos.
Posteriormente, en los primeros seis meses de 2021, la institución compró estos mismos productos por poco más de 10 millones de pesos, y en los siguientes 6 meses erogó 8 millones 404 mil 400 pesos.
Las transacciones continuaron en 2022, alcanzando un total de 45 millones 526 mil 180 pesos durante un período de tres años.
Intento de postergación
Antes de leer la imputación de cargos, uno de los abogados informó al juez que entregó un paquete de facturas canceladas a la FGE ayer por la tarde, con la intención de que fueran incorporadas como pruebas.
Ante esto, el resto de los defensores solicitaron que se aplazara la audiencia, ya que consideraban de vital importancia contar con esta información.
Sin embargo, los representantes del Ministerio Público consideraron esto como una táctica dilatoria y señalaron que la nueva información podría entregarse en otra etapa del proceso, no siendo necesario posponer la audiencia.
La parte perjudicada, en este caso, la universidad, también abogó por aplazar la audiencia, pero el juez decidió continuar con esta primera etapa.
La audiencia aún continúa, a pesar de que las defensas de los acusados pidieron que se aplazara.
