Tras concluir las jornadas consultivas en los pueblos originarios, referente a la planta de amoníaco en Topolobampo, Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de Ohuira, espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle a su favor.
ANTECEDENTES
Fue gracias a un amparo otorgado por la SCJN que se mandó a realizar la consulta a los pueblos originarios sobre la instalación de la planta, el cual dice que se debe consultar a las comunidades quejosas, en este caso Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones y que a las que están a 45 kilómetros a la redonda solo se les iba a pedir una opinión.
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De la consulta, estás tres comunidades concluyeron en el no consentimiento al proyecto de la planta de amoníaco y piden a los tres niveles de gobierno, a través de la Semarnat, que no se le dé el permiso a una empresa que está llena de irregularidades.
IRREGULARIDADES
Expuso que a pesar de que la planta se encuentra en litigio, ésta se sigue promoviendo y hasta se le da publicidad en medios de comunicación.
Agregó que tampoco realizaron la consulta como se debía, lo hicieron una vez que establecieron una plataforma, donde destruyeron 28 hectáreas de humedales y mangle, rellenaron una área que es protegida por tratados internacionales, y porque así lo dictó un juez.
"La consulta no fue previa, ni de buena fe, ni bien informada, ni culturalmente adecuada, carece de esas características", expresó.
Siempre se les brindó información a modo, omitiendo o mintiendo sobre lo que implicaría asentar esa fábrica ahí, cómo lo son los riesgos, que se calculan son arriba de 30, entre ellos algunos mortales o con daños irreversibles, no solo para los habitantes sino también para el medio ambiente.
"En caso de una fuga en la planta, 15 kilómetros a la redonda es una muerte segura", expuso.
También, y no menos importante, rompieron con la tranquilidad de los pueblos originarios, los dividieron y generaron conflictos sociales, se formaron duplicidad de gobernadores tradicionales, que trabajan en intereses propiamente políticos y económicos
"Tenemos derecho a la vida, a un ambiente sustentable sano y esta empresa carece de eso".
AMENAZAS
Durante casi nueve años de defensa, mencionó los han querido silenciar con dinero y amenazas, este último es su caso, por lo que se vio en la necesidad de solicitar ante las autoridades competentes protección; sin embargo la intranquilidad reina ya en los pueblos.
"Dónde están esos políticos que nosotros, como pueblos originarios, la sociedad civil, hemos hecho que lleguen a esos puestos, tanto regidores, diputados, senadores no oímos ninguna voz de ellos", mencionó.
Cómo pueblo, añadió, seguirán en la defensa y están a la espera de los resolutivos de la SCJN.
