Culiacán, Sin. -En referencia al juicio que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó contra el gobierno de Sinaloa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que los juicios promovidos por las autoridades locales eran infundados.
El poder Judicial de la Federación validó que el poder Ejecutivo local no cumplió con los compromisos adoptados en un convenio de colaboración administrativa, el cual fue celebrado durante la administración de Quirino Ordaz Coppel.
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El informe explica que el acuerdo celebrado entre la federación y el Estado de Sinaloa permitió al segundo asumir facultades en materia de fiscalización de impuestos federales de personas con domicilio fiscal en esa entidad federativa, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reservó la facultad de supervisar y verificar que el estado ejerciera adecuadamente esas atribuciones.
El gobierno estatal se apartó de los lineamientos expedidos por la autoridad hacendaria federal para la realización de procedimientos de fiscalización.
En consecuencia, el SAT negó al estado la capacidad de fiscalizar contribuciones federales por un período de cuatro y seis meses, respectivamente, además de que no tendría derecho a recibir los incentivos correspondientes.
Ante esto, se promovieron dos juicios en el 2021 donde el gobierno estatal quería evitar las sanciones, pero la Corte aseguró que esto estaba previsto en los lineamientos del convenio.
La Suprema Corte también menciona que en este tipo de juicios no es posible analizar la constitucionalidad de cláusulas de dichos convenios, ya que se limitan a cuestiones de legalidad.
Daño al erario
Sobre esta resolución, el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, comentó que la resolución de la corte se podría traducir en un posible daño al erario de 1750 millones de pesos.
Especificó que no se realizaron correctamente auditorías a las empresas Grupo Coppel y Grupo Arhe.
Indicó que la responsabilidad recae en quien dirigía el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates) durante el lapso en que se realizaron las revisiones fiscales.
En este tiempo, quien dirigía la instancia era Gabriel García Coppel, primo del gobernador Quirino Ordaz Coppel.