Mazatlán, Sin.- La construcción de una tirolesa puso en los últimos meses en disputa al cerro del Crestón, donde autoridades, organizaciones civiles y sociedad en general se enfrascan en opiniones irreconciliables.
Todas las partes involucradas coinciden en que este espacio es un ícono del puerto, y no es para menos, pues alberga al faro natural más alto del mundo, sitio obligado porque ofrece una vista panorámica del puerto.
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Es un símbolo biocultural para el mazatleco.
Por años estuvo en "el limbo”, no se sabía quién debía hacerse cargo de él, si el Municipio, el Estado o la Federación.
En julio del año pasado se publicó un Acuerdo en el Periódico Oficial de la Federación, entre la Secretaría de Marina y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que se dictaminó ampliar el recinto portuario.
El Crestón estuvo incluido dentro de este polígono, es decir, ahora sería conferido a la Administración del Sistema Portuario Nacional, entonces la discordia comenzó.
Y es que la Asipona entregó una concesión a la Operadora Turística Observatorio 1873 SA de CV, del empresario Amado Guzmán, para construir una tirolesa que funcionará prácticamente por gravedad, al ir de una altura de 157 del cerro del Crestón, a 75 metros en el cerro del Vigía, con una longitud de mil 265 metros lineales.
La idea de una tirolesa se consolidó cuando durante la Convención Anual de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, se platicó tanto a los turistas como a los ejecutivos navieros la posibilidad de una tirolesa que cruzaría el mar, a lo que éstos dijeron que sí, o que sí debía hacerse.
Se deslindan
Después de siete años de trabajo, el Patronato del Parque Natural El Faro se deslindó de esta responsabilidad social, al concluir que sus objetivos de conservación del entorno natural no eran compatibles con la tirolesa que ya lleva un avance importante en su construcción.
En la última semana se han podido observar tres pilares del cerro del Crestón con una cuerda hacia el cerro del Vigía, lo que habla de lo avanzada de la obra.
La presidenta del Patronato, Raquel Briseño Dueñas, explicó que cuando este cerro pasó a ser parte del recinto portuario quedaron en una situación de indefinición sobre cuál sería su rol, ya que el convenio que ellos tenían era con el Ayuntamiento de Mazatlán.
"Al entrevistarnos con Asipona nos informa que una IAP, una Institución de Asistencia Privada, no podía estar trabajando dentro de lo que era el nuevo recinto portuario y esto apenas fue el año pasado que se dio este nuevo acuerdo y nuestro interés como área de conservación, como área de restauración, como una área para procurar el bienestar ya no podía ser compatible con el nuevo proyecto de Asipona", explicó.
En ese encuentro también se los comunicó que ya había un interés de parte de un particular por establecer en el sitio una tirolesa, a quien se le concedió una sesión parcial de derechos y fue así como inició la construcción de este este proyecto que tiene fines turísticos.
"Revisando nuestro objetivo social hemos visto que no es compatible este proyecto público de nosotros con un proyecto privado y económico, y no hubo manera de que nosotros, después de haber revisado los permisos, haber encontrado omisiones en los permisos de impacto ambiental, haber hecho denuncias ante las autoridades con la competencia en el caso, pero con la lentitud con la que se atienden estas situaciones, nosotros no podemos permanecer y ser testigos", agregó.
En términos ambientales, el patronato informó que los trabajos de construcción avanzan sin supervisión, arrojándose escombros al acantilado que sepultan vegetación y nidos.
También, que el proyecto puede ser emocionante y atractivo, pero requiere de un análisis crítico y responsable que contemple los riesgos y consecuencias inmediatas y futuras del frágil ecosistema, ya que el Crestón es hogar de flora y fauna endémica diversa que están en riesgo y que están incluidas en alguna norma oficial para su conservación.
‘Batean’ amparos
Varios colectivos, ambientalistas y ciudadanos organizados, iniciaron la defensa del cerro por dos vías, la social y la legal. En la primera se hicieron varias manifestaciones, incluso, se recabaron firmas para interponer dos amparos, colectivo e individual, y tratar de tener la construcción, también para adjudicar responsabilidades a quienes autorizaron los permisos.
Ellos detectaron dos irregularidades evidentes en este proyecto, en la manifestación de Impacto Ambiental, al indicar que en este espacio no había especies de fauna en peligro de extinción, y que el manto rocoso del cerro es muy frágil para soportar el "jaloneo" de dicho proyecto.
"El estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental tiene dos grandes problemas que violentan la Ley General de Equilibrio Ecológico, dicen que no hay especies en ningún grado de riesgo, y el Artículo 35 de la Ley General de Ecología dice que con una sola especie que esté en la categoría de riesgo no se tiene que autorizar el Manifiesto de Impacto Ambiental", señaló.
Por la segunda, se interpusieron 20 amparos de los cuales solo se aceptaron cinco y finalmente todos fueron desechados por el Juez Octavo de Distrito en Sinaloa, con el argumento de que "no había interés legítimo".
"Nos dijeron que no había interés legítimo, de que la ciudadanía mazatleca no demostró tener interés legítimo de la defensa de un espacio natural que se quiere convertir en un negocio, entonces nos dieron para atrás", dijo Gildardo Izaguirre, promovente de la Defensa del Faro.
Pese al revés, el ambientalista y activista adelantó que ya prepara un nuevo amparo, ahora contra la Semarnat, por haber aprobado la MIA, a pesar de que en el cerro habitan especies de flora y fauna que tienen alguna categoría de riesgo.
"Nos vamos a quejar en contra de la Semarnat porque fue la que aceptó el Manifiesto de Impacto Ambiental, y en ese estudio dice que no había especies protegidas por la Norma-059, y son mentiras, la especie bandera que tenemos de ahí es el halcón peregrino que tiene nido en la ladera, es una pareja", dijo.
Estimó que en total hay como 25 especies de flora y fauna registradas en la norma oficial.
No se privatiza, aseguran
El señalamiento marítimo que existe en el Crestón es el Faro, utilizado para la navegación marítima, por tanto el cerro no se puede privatizar, aseguró el titular de la Asipona, Contraalmirante Mariel Ancona Infanzón.
"Eso que dicen de la privatización, con todo respeto, es algo que alguien inventó con afán de hacer polémica, nunca, y eso se los puedo firmar, ni en 30 ni en 50 ni en 100 años", aseguró.
El cerro seguiŕa siendo público, se podrá ingresar sin pagar ni un centavo, pero quien quiera subirse a la tirolesa tendrá que pagar este servicio, dijo.
"Yo les aseguro, denos cuando menos el privilegio de la duda, que va a quedar 20 veces mejor es lo que está ahorita", agregó.
En cuanto al impacto ambiental, el Contraalmirante refirió que todo mundo habla y dice de la ecología, pero hasta el momento nadie le ha presentado un plan afín de lo que se estaba haciendo en el cerro en materia de conservación, y al cual se le pueda dar continuidad.
"Que había muchos arbolitos, yo no quiero entrar en dimes y diretes, pero ustedes chequen, hicieron una escalera, un puente de cristal que son 10 veces más de lo que se va a hacer, no importa, ya está hecho, vamos a hacer lo mejor posible".
Concesión
Las intenciones de colocar una tirolesa ya existían, incluso antes de que Asipona se adjudicara el cerro, solo que, a pesar de que era zona federal, no había quién se hiciera cargo de éste y fue hasta que pasó a ser parte del recinto portuario que se pudo echar andar este proyecto con fines turísticos y lucrativos.
La Asipona, explicó Ancona Infanzón, entregó en concesión un polígono de 60 metros cuadrados con un valor de 629 pesos por cada metro cuadrado. Una superficie menor que la que se utilizó para la construcción del puente de cristal.
Dicha sesión parcial es por 20 años y a cambio el operador tendrá que entregar a la administración el 5 por ciento de sus ingresos brutos. También está comprometido a darle mantenimiento a su tramo concesionado y un poco más.
"Yo doy contratos que se basan en una serie de requisitos que pide la Dirección General de Puertos, que está regida por la Ley de Puertos y por la Ley de Navegación y Comercio Marítimo", explicó.
En estas áreas concesionadas de los recintos portuarios se puede construir, operar y explotar terminales marinas, obras, instalaciones portuarias, náuticas, pesqueras, turísticas, deportivas, recreativas, acuícolas, comerciales e industriales.
Pasado este tiempo y si el concesionario cumple con los requisitos y lo vuelve a solicitar, se le podría renovar el contrato.
Lo que sigue
Desde de la semana pasada la Asipona administra el lugar, se contrató a 21 personas para labores operativas y de salvaguarda, nueve de los trabajadores son recontratados que laboraron con el Patronato.
Se informó que al puente de cristal se le mandarán a hacer estudios estructurales que certifiquen que está bien hecho, después se abrirá de nuevo al público con la misma tarifa que tenía: 30 pesos.
Lo que se recaude de ahí será otra las mejoras del cerro.
"Vamos a volver a reforestar, vamos a hacer todo lo necesario para que sea el cerro del Crestón lo que siempre debió haber sido, un gran atractivo de Mazatlán, pero sobre todo algo icónico del puerto", informó.
En cuanto a la población de gatos abandonados, se anunció que se hará requerimiento de la intervención de la autoridad competente.
En el espacio que ocupan los tanques de la extinta planta tratadora de aguas residuales se proyecta hacer un parque de diversiones, sin embargo, su desmantelamiento requiere una inversión de 30 millones de pesos.
Respalda proyecto
Aunque trató de mantenerse parcial, incluso deslindarse, finalmente el alcalde Édgar González Zataráin mostró una postura que respalda el proyecto.
"Nosotros con mucho gusto estamos dispuestos a ayudar, porque es un bien que disfrutan los mazatlecos y los turistas, y hay que mantenerlo abierto y es un atractivo más que va a sumar ahí todavía (...) lo que podamos participar de manera conjunta lo vamos a hacer", declaró.
Dato
Se dijo que la tirolesa contará con una certificación internacional que garantice la seguridad de los usuarios.