Culiacán, Sin.- En el marco de la glosa del segundo informe del gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, desconoció si hay indicios para levantar denuncias penales contra exgobernadores por irregularidades en la administración que derivaron en deudas para el estado.
Esto fue expresado luego de que la diputada Juana Minerva Vázquez le cuestionara sobre un pasivo circulante superior a los 8 mil millones de pesos y otro de mil 400 millones de pesos que corresponden a adeudos generados ante el Instituto de Pensiones.
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Refirió que dichos adeudos fueron generados del 2012 al 2016, durante el gobierno de Mario López Valdez. Bajo esta premisa, cuestionó si el gobierno interpondrá denuncias para fincar responsabilidades, a lo que Díaz Vega respondió: "En el tema de sí se va a judicializar, lo desconozco, la verdad, porque no es un tema que yo le entienda. Desconozco si hay materia para una carpeta de investigación, eso es algo que no le puedo responder".
No obstante, refirió que el Poder Ejecutivo se está encargando de hacer los pagos correspondientes que no se hicieron en las administraciones pasadas.
Otra deuda
Sobre la deuda de mil 750 millones de pesos generada en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, el actual secretario Enrique Díaz dijo que el proceso aún continúa.
"Hasta el momento no hay resolución, cuando la haya todos lo sabrán, ahorita no puedo platicar de algo que no está definido", dijo.
El evento
Durante el informe del secretario destacó que en 2023 los ingresos propios del estado se incrementaron 968 mdp, un 15.6%, colocando a Sinaloa en segundo lugar nacional en recaudación. Esto permitió obtener un incentivo federal de 1,088 mdp.
Informó que se redujo la deuda heredada de administraciones pasadas en 704 mdp. De ese monto, 151 mdp corresponden a adeudos del IPES y 170 mdp al ISSSTESIN.
Sobre la deuda pública a largo plazo se redujo en 261 mdp y que se invirtieron 220 mdp en infraestructura educativa.