Mazatlán, Sin.- Duermen debajo de un puente, en predios baldíos, en las esquinas, banquetas, plazas y parques; sufriendo calor o frío y sin cubrir sus necesidades básicas y en un estado de vulnerabilidad extrema.
Se les puede ver en la calle pidiendo limosna, comida, pepenando entre la basura o simplemente tenidos a la buena de Dios.
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Marginados, excluidos y estigmatizados, son la llamada población callejera, los sin hogar, los indigentes, una población invisible que vive en el abandono social pues no cuenta con la atención y cuidado de familiares, instituciones gubernamentales ni de la sociedad en general.
La mayoría de las personas en esta condición están ahí por un conjunto diverso de factores individuales, familiares, comunitarios y estructurales, circunstancias adversas como la pobreza, la violencia, la discapacidad y la desigualdad. O han pasado por el desempleo, el luto y eventos traumáticos para ellos.
Sin números
Instancias gubernamentales como el Sistema DIF Estatal y Municipal y la Secretaría de Salud no cuentan con un programa ni presupuesto que se enfoque a esta problemática social como tal, es más, ni siquiera cuentan con un censo de las personas que están en esta condición.
Al Sistema DIF Estatal y Municipal se les requirió por medio de la plataforma de Transparencia un padrón de personas en situación de calle por municipio en el que se especificara cuántos eran hombres, cuántas mujeres, cuántos menores de edad, cuántos adultos mayores, cuántas personas con discapacidad y cuántos padecen de trastornos mentales.
La primera estancia respondió que no contaba con información al respecto debido a que esas actividades no forman parte de sus atribuciones, mientras que la segunda turnó la solicitud a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí la contestación fue que no se han registrado a menores de edad en situación de calle, pero del padrón como tal no se respondió.
A la Secretaría de Salud también se le solicitó el mismo padrón, pero con la especificación del número de personas que padecen trastornos mentales y que están en situación de calle. La respuesta fue que ellos no eran el sujeto obligado correspondiente, sino Servicios de Salud de Sinaloa, ente al que se le reenvió el documento y la réplica fue que no se contaba con dicho padrón.
Sin programas ni presupuesto
El presupuesto brinda un panorama sobre las prioridades de los gobiernos a través de los recursos que se destinan a cada programa. Sin un registro ni atención pública, se destaca también la falta de programas de apoyo para este sector de la población.
El Sistema DIF Sinaloa dijo no tiene recursos asignados específicamente para atender a dicha población y que lo hace de manera excepcional a través de sus centros asistenciales.
El Centro de Reinserción Social para Enfermos Mentales sin Hogar "Madre Teresa de Calcuta", en el que se da cobijo a personas mayores de edad en situación de calle que presenten un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia, donde actualmente hay una población de 35 residentes, está ubicado en Culiacán.
Los otros son el Centro Gerontológico Integral San José, ubicado también en la capital sinaloense, y el Albergue para Ancianos Santa Rosa, institución de asistencia social tripartita en Los Mochis, en los que se brinda atención médica, cuidados personales, bienestar emocional, físico, desarrollo personal y educativo.
Cabe recalcar que ambos atienden exclusivamente a personas mayores de 60 años, cuya condición pone en riesgo su integridad física y mental, como pudiera estar en situación de calle, más no es exclusivo para este tipo de población, además deben pasar por un proceso de investigación y un requisito indispensable, no contar con familia hasta cuarto grado de consanguinidad.
Por su parte, el DIF Mazatlán señaló que atiende a personas en situación de calle, pero sólo en grupos de edad que le corresponden, menores de 18 años y adultos mayores de 60 años.
El Centro de Asistencia Social Mi Ángel de la Guarda, de carácter transitorio, protege a toda niña y niño de hasta 12 años de edad que se encuentra en situación extraordinaria como maltrato físico, psicológico, emocional, abandono y en ocasiones niños de calle, proporcionando un hogar sustituto temporal.
El centro asistencial Mi Ángel del Camino da atención, alojamiento, brinda protección y trato digno a niños, niñas y adolescentes migrantes que son detenidos y canalizados por el Instituto Nacional de Migración mientras se resuelve el proceso administrativo migratorio.
Por su parte, el centro de asistencia Corazón Eterno brinda atención alejamiento protección y trato digno a adultos mayores de 60 años, sin embargo es requisito indispensable no tener familia ni padecer problemas mentales o enfermedades infecto-contagiosas.
Tanto en el estado como en el municipio, hay poco o nada para enfermos mentales.
Ley en el olvido
En el año 2017 fue aprobada la Ley Estatal de Salud Mental, pero como muchas otras, ha quedado en el olvido. En ella se estipula que todas las personas, residentes o transitorias, sin importar condición socioeconómica, política o de religión, tienen derecho a recibir atención en la materia.
El documento establece que debe haber un respeto y restricto a los Derechos Humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que el acceso a tratamientos debe ser universal, con un enfoque comunitario y que las políticas de atención debe ser con transversalidad.
También se indica que se debe elaborar un Programa de Salud Mental donde se fijen los lineamientos de coordinación para que los municipios, en el ámbito de su competencia, intervengan en su promoción, así como la confirmación de un Consejo Estatal de Salud Mental y la creación del Instituto Estatal de Salud Mental.
Además, se especifica que se debe dar prioridad a la niñez, adolescencia, juventud, mujeres en condiciones de embarazo, puerperio y menopausia, adultos mayores, indígenas, hombres con afecciones mentales y personas que se encuentran en situación de calle, de emergencia o desastre.
Asimismo que el Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, a través de los Sistemas DIF, elaborarán y ejecutarán programas conjuntos de asistencia para las personas en situación de calle que presenten trastornos mentales o discapacidades intelectuales o psicosociales.
Sin embargo la Secretaría de Salud reconoció que no se cuenta con un presupuesto asignado para la infraestructura y operación de dicho instituto. En cuanto al Programa de Salud Mental, este opera a cargo de Servicios de Salud, dependencia que dijo implementar mecanismos de prevención con psicoeducación a la población sobre los trastornos mentales y en específico para eliminar el estigma hacia estos e identificar con un diagnóstico oportuno para acortar la brecha de atención, pues una persona tarda hasta 10 años para recibir tratamiento para dichos trastornos.
No obstante se admitió que entre los obstáculos para una atención eficaz es la falta de inversión y de personal capacitado para la atención.
Problema de Salud Pública
El que no haya siquiera un censo ni estrategias, mucho menos un presupuesto destinado para atender a esta población, es evidencia de que la autoridad no le da la importancia debida a la salud mental, consideró el psicólogo Luis Ángel Salinas Gudiño.
El presidente de la asociación civil Ayudemos a los Jóvenes mencionó que después de la pandemia de Covid-19 se volteó a ver a la salud mental como algo importante; sin embargo aún no alcanza para poder estar en todos los rubros que implica.
Dentro de los trastornos mentales o psiquiátricos se encuentran los derivados por el consumo de algunas sustancias o aquellos que son detonados o activados por enfermedades genéticas. Sin embargo el desinterés, precisó, no solo es de la autoridad, también de la misma familia y de la sociedad en general, tanto por falta de economía como de conocimiento o estigmatización.
"Muchos cuentan con familia, sin embargo los abandonan por falta de economía para poder atenderlos, desafortunadamente la salud mental en México (privada) es muy cara y el sistema público no se da abasto", destacó.
La indigencia debería considerarse como un problema de salud pública y debe ser atendido con un manejo y tratamiento puntual; no obstante la Ley Estatal de Salud Mental no ha tenido la relevancia y no ha sido aplicada por falta de presupuesto.
A esto se suma también la falta de sinergia entre los tres niveles de gobierno, ya que cada quien “jala” para su lado. "Son pocas las ocasiones en que se puede hacer sinergia, sin embargo mientras haya una falta de interés real para ayudar en este tipo de problemáticas, únicamente van a querer hacer los programas para cumplir o colgarse 'la medallita' en la dependencia", apuntó.
En el olvido
Ni el Sistema DIF Estatal o Municipal, mucho menos la Secretaría de Salud, cuentan con un programa o presupuesto que se enfoque a atender a las personas en situación de calle. Es más, ni siquiera se tiene un censo que permita dimensionar la problemática.
Dato
2017 fue el año en que se aprobó la Ley Estatal de Salud Mental, pero desde entonces quedó en el olvido por parte de las autoridades.
Para saber
La Ley Estatal de Salud Mental estipula que todas las personas, residentes o transitorias, sin importar condición socioeconómica, política o de religión, tienen derecho a recibir atención en la materia.
