Culiacán, Sin.- El presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, Jesús Enrique Quiñónez López, lamentó que pese a que ya se vive en una sociedad de riesgo, debido a que continuamente se hacen construcción y obras diversas que implican riesgo de diversas magnitudes, Sinaloa no cuenta con una ley de riesgos y Protección Civil.
Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Protección Civil del Congreso de Sinaloa, Quiñónez López hizo una amplia exposición de la forma en que se ha venido trabajando en la atención de emergencias, tanto las provocadas por desastres naturales como las provocadas por la mano del hombre.
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Precisó que a nivel nacional no se tiene una Ley General de Gestión de Riesgos y Protección Civil, pero aclaró que en Ciudad de México, Chiapas y Tabasco sí se cuenta con leyes estatales, por lo que consideró que Sinaloa también puede tener la suya, y ofreció el respaldo de su colegio para coadyuvar en la elaboración no solo de la misma, sino también de reglamentos.
Por su parte, la diputada María Aurelia Leal, presidenta de la Comisión de Protección Civil, llamó a trabajar en normas que privilegien la prevención sobre la emergencia.
Además, exhortó a buscar más recursos y esfuerzos públicos a las acciones preventivas, y sobre todo trabajar en las tareas de rediseñar los esquemas actuales de gestión de riesgos a los que nos estamos enfrentando constantemente.
En su mensaje ante integrantes del Colegio de Profesionistas de Gestión de Riesgos y Protección Civil, que participaron en reunión de trabajo de la Comisión, advirtió también que hay escasa información sobre situaciones vulnerables y una incipiente cultura de protección civil.
Por todo lo anterior, consideró viable que el Congreso del Estado trabaje no solamente en una reforma de la ley de la materia, sino hasta que se le cambie de nombre para que sea una ley de vanguardia.
Es necesario avanzar en este sentido, expuso, porque hay una limitada vinculación entre los distintos sectores de la sociedad y el gobierno, así como políticas públicas y herramientas que distan mucho de ser las más modernas y funcionales en materia de gestión de riesgos y protección civil.