Culiacán, Sin.- Después de que se registró un ataque a balazos contra las oficinas del periódico El Debate, un grupo de periodistas se manifestó en la catedral de Culiacán.
La exigencia fue que las autoridades brinden mayor seguridad para el gremio, en medio de la ola de violencia que se vive en la región.
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El presidente de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, Jesús Bustamante Rivera, expresó su preocupación ante el creciente número de agresiones e intimidaciones contra periodistas en Sinaloa.
Durante una declaración pública, lamentó que el ataque reciente contra una importante casa editorial en Culiacán represente la escalada más grave de la violencia que la prensa local ha enfrentado en los últimos meses.
Bustamante Rivera explicó que, aunque las agresiones directas a balazos no son nuevas, la intimidación hacia los medios ha sido constante, con múltiples registros de obstrucciones a la labor periodística.
"Nos han impedido llegar a escenas de hechos violentos, nos han amenazado y nos han pedido que nos retiremos sin tomar fotografías o videos, afectando nuestra capacidad de informar", denunció.
El ataque más reciente incluyó disparos contra las instalaciones de la casa editorial, daños a vehículos y, lo más preocupante, terror entre los empleados.
Según Bustamante Rivera, este hecho subraya la urgencia de crear una Fiscalía Especializada para atender los ataques contra los medios de comunicación en Sinaloa.
Aumentan agresiones
La directora del Instituto de Protección para Periodistas, Jenny Judith Bernal, alertó sobre el incremento del 300 por ciento en ataques y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa, durante una rueda de prensa reciente.
"Actualmente, tenemos registro de 65 periodistas y 85 defensores de derechos humanos que han solicitado protección, además de sus familias", informó Bernal.
Añadió que en los últimos meses se han reportado cuatro casos graves que han obligado a familias enteras a salir del estado para garantizar su seguridad.
Bernal subrayó que las agresiones provienen tanto del crimen organizado como de servidores públicos, estatales y municipales.
Las amenazas incluyen censura, intimidación y obstrucción directa a la labor periodística.
El instituto, en colaboración con el mecanismo federal de protección a periodistas, ha implementado medidas preventivas y de reacción, como la atención psicológica y protocolos de evaluación de riesgo.
Sin embargo, Bernal admitió que estas acciones no siempre garantizan la seguridad total de los periodistas, especialmente cuando cubren notas sobre violencia o temas delicados en el estado.
Tan solo en el inicio del conflicto entre grupos criminales, detonado el 9 de septiembre a la fecha, se han registrado 24 agresiones a comunicadores, cuando en meses anteriores se registraban 4 mensualmente.
