Mazatlán, Sin.- El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) realizó una evaluación al Programa Emergente Covid-19 ejercicio 2020, del gobierno municipal, donde se destaca la necesidad de que sean fiscalizados, porque se corre el riesgo de que exista una alta corrupción, tanto en los procesos de compra como de distribución.
Explica la organización ciudadana que el objetivo fue conocer el proceso de compras y adquisiciones municipales que se aplicó; el recurso público destinado, y los criterios de fiscalización para ese presupuesto.
Esta evaluación se realizó entre enero y marzo de 2021 en coordinación con el Centro de Análisis e Investigación No Lucrativo GESOC A.C. y la Agencia Alemana Especializada en la Cooperación para el Desarrollo Sostenible Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Los seis ejes evaluados fueron Presupuesto, Operación, Padrón de beneficiarios, Transparencia y Participación Ciudadana; Fiscalización, y Evaluación.
En cada uno se identificaron fortalezas, propuestas de mejora, y los potenciales riesgos de corrupción del “Programa Emergente Covid-19”.
De acuerdo al informe, se expone que fue la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social del Ayuntamiento la responsable de ejecutar el programa, donde registraron como obstáculos: la escasa información disponible, datos dispersos, respuestas limitadas desde el Ayuntamiento de Mazatlán, así como poca disposición de la autoridad para brindar mayor información.
Entre las conclusiones, destaca que se deben generar instrumentos de transparencia de los recursos (presupuestado, ejecutado y entregado); diseñar e implementar un plan de capacitación al personal responsable de la operación del programa; abrir canales de quejas y denuncias para actos de corrupción.
Además, tener controles para identificar duplicidad de apoyos; incentivar la creación de grupos de vigilancia ciudadana, y crear un mecanismo específico de fiscalización, donde se le pueda auditar y vigilar su aplicación.
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