Mazatlán, Sin.- Doña Griselda Lizárraga Jaime llegó a Mazatlán desde Pánuco, Concordia, hace seis años; junto a sus dos hijos y su nieto huyeron de las balas y del ambiente de violencia que se vivía en la zona serrana.

Desde entonces, dice, han andado "rodando" de un lado a otro, tratando de adaptarse a su nueva vida en el puerto después de haber perdido todo y de mucho sufrir, sin techo seguro, sin empleo, incluso padeciendo las inclemencias del tiempo.

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"Nomás pura violencia, es una tristeza, no me quiero ni acordar para no ponerme a llorar", expresó.

En el fraccionamiento CVive tiene su casa donde vive con su hijo. Su hija, quien es madre soltera, aún sigue pagando renta, aunque fue beneficiada también con un terreno en dicho asentamiento, no se ha podido mudar debido a que no cuentan con los servicios básicos como luz, agua y drenaje.

Además de las 50 casas que construyó el gobierno del estado para los desplazados en el 2020, se dejó una reserva territorial de 218 lotes de 6x16, para que ellos, con sus propios medios, o a través de programas sociales, pudieran construir su vivienda.

A pesar de las precariedades del terreno, decenas de familias, ante el temor de que sus predios fueran invadidos y al ya no poder seguir pagando los altos costos de una renta, con tarimas de madera, hule, cartón y láminas empezaron a construir sus casas, que en realidad se trata de un cuarto que es todo: cocina, comedor, dormitorio y baño.

"Las rentas son muy caras, nosotros duramos como seis años, desde que nos salimos del rancho, bueno, no salimos, nos sacaron; yo tenía mi tiendita, mi negocito en Pánuco y mira ahorita andar aquí rodando", mencionó.

Aún en esas condiciones, alrededor de seis familias ya se mudaron a vivir ahí; la luz y el agua la traspasan del fraccionamiento o acarrean agua para asearse y hacer sus necesidades fisiológicas.

La mayoría de las viviendas están a medio construir y no se han salvado de la delincuencia, pues en dos ocasiones los vándalos han hecho de las suyas y se han robado las puertas, para irlas a vender como fierro viejo.

Tanto doña Griselda como sus dos hijos trabajan toda la semana, pero ni así les alcanzaría para construir una vivienda digna. De palos de madera y hule negro la han ido armando, también plantaron unos árboles y palmas, los cuales va a regar todos los días, para que no se sequen.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, señaló que la obra, a cargo del gobierno del estado, para introducir la tubería hidrosanitaria en los terrenos, va muy lenta y muy atrasada, pues les dijeron que estaría lista en tres meses, de los cuales ya han transcurrido dos. Y no se ve gran avance.

Agregó que 105 terrenos ya fueron asignados, que son donde la gente está construyendo las casas de madera, pero faltan otros 105 más que no han sido ni lotificados.

"La gente está muy desesperada porque no han lotificado los terrenos, los dejó Quirino Ordaz Coppel desde el año pasado y si no los lotifican no se pueden asignar. Hay asignados 105 terrenos, pero no se han ido todos a habitarlos por falta de recursos y de servicios", agregó.

Esta semana sostendrá reunión con la secretaria de Desarrollo Sustentable en Culiacán, Ruth Díaz Gurría, y adelantó que en caso de no llegar a acuerdos, la gente se movilizará nuevamente.

EL CASO

Tras años de gestión, de plantones, manifestaciones y diálogos, en diciembre del 2020 iniciaron la construcción de 50 viviendas para los desplazados por la violencia de la sierra en el sur de Sinaloa que viven en Mazatlán, además de 218 terrenos a repartirse.

Se estima que en el puerto hay alrededor de 600 familias desplazadas; en Villa Unión 300 y en Concordia 400, donde aún está pendiente la compra de terrenos.