El Estado mexicano ha fallado, sigue fallado y está incumpliendo con la readaptación social de los presos en las cárceles, debido a que no existe una política clara para solucionar un problema que ha crecido con el paso del tiempo: la incorporación a la sociedad de los que delinquen, sentencia World Justice Project México.
Aún más, señala que las cárceles del país se han convertido en universidades especializadas en el crimen y no en promotoras de reinserción social. Leslie Solís Saravia, investigadora de World Justice Project alerta que los centros de readaptación social más peligrosos y corruptos son los que se ubican en Ciudad de México, Estado de México y Puebla.
En una entrevista con El Sol de México, la especialista criticó el actuar de las autoridades mexicanas al no garantizar a la población en penales, principalmente jóvenes, un adecuado programa de reinserción social basado en la educación y en la intención de no seguir delinquiendo.
-¿Cómo podemos catalogar a las cárceles? ¿Son Centros de Readaptación u Universidades del Crimen? ¿El Estado mexicano no cumple con su función?, se le preguntó.
Efectivamente el Estado mexicano ha sido incapaz de brindar las herramientas necesarias para lograr la reinserción social de todas las personas que están en la cárcel”, respondió.
Además, prende los focos rojos en el sentido que en en algunas cárceles del país existen autogobiernos implementados por los reclusos donde controlan todo, dejando de lado a las autoridades.
“Las cárceles son controladas por los mismos internos, dejando de lado el papel de las autoridades”, subrayó Solís Saravia, quien sentenció que en las cárceles hay privilegios para poseer sustancias y objetos prohibidos y apuntó que hay internos que ejercen violencia o control en el resto de la población.
Recuerda que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que el autogobierno lo definen como un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos en relación a los servicios de seguridad y en las acciones que se realizan al interior por lo que los internos llevan a cabo responsabilidades que le corresponden al personal penitenciario.
“Estas condiciones son deficiencias en la prevención de probables violaciones a los derechos humanos, hay insuficiente personal de seguridad y custodia, no existen suficientes acciones para prevenir ni atender incidentes violentos, como riñas, motines fugas, suicidios, homicidios”, afirmó la especialista.
LAS PEORES CÁRCELES
Leslie Solís, investigadora de World Justice Project, ofrece datos. Dice que se ha descubierto que cinco de las cárceles donde hay corrupción, están ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México y en Puebla.
Las cárceles que más nos preocupan son el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el Sur en CDMX; el Centro de Inserción Social de Puebla; el Centro de Prevención y Readaptación Social de Chalco en Estado de México y el Centro de Prevención y Readaptación social en Nezahualcóyotl en el Estado de México.
En la charla con Organización Editorial Mexicana (OEM), dice que acuerdo con los datos del INEGI con los resultados de la encuesta de población privada de libertad 2016 son los centros penitenciarios donde los internos reportaron mayor corrupción y una mayor incidencia de cobros indebidos o ilegales.
La experta en temas de seguridad, es dura. Asegura al interior de la cárceles, las condiciones de corrupción y autogobierno permiten que los internos asuman funciones que le corresponderían a las autoridades.
ESPACIOS DE READAPTACIÓN
La investigadora manifestó que es muy importante trabajar para garantizar que las cárceles sean espacios con gobernabilidad, sin abusos y sin privilegios y en donde se respeten los derechos humanos. “Sin la gobernabilidad y sin el respeto a los derechos de las personas privada de la libertad no va a ser posible que el Estado mexicano cumpla con su función de reinserción social”, aseveró la especialista.
A escala global, México tiene uno de los sistemas penitenciarios más débiles, siendo que el sistema penitenciario es uno de los pilares y elementos necesarios y fundamentales para tener gobernabilidad y un buen estado de derecho en el país.
Las cárceles que presentan la mayor parte de la población son jóvenes. “Estamos viendo un problema de valores, de educación. Los datos del INEGI es que tres de cada 10 personas privadas de la libertad tiene menos de 29 años es población joven.
“Muchas de estas personas vienen de contextos o situaciones de vulnerabilidad; vienen de ambientes familiares violentos falta de oportunidades o de situaciones personales o familiares que nunca les han dado oportunidad y nunca han contado con oportunidad de desarrollo pleno”, aseveró.
“Las condiciones de vida al interior (de las cárceles) lo que reflejan es que el Estado mexicano no está cumpliendo con su función de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos ni de garantizar situaciones de gobernabilidad y de seguridad al interior de las cárceles”, sentencia Solís.
-¿Consideras que se debe privatizar el sistema penitenciario en México?, se le consultó.
No. No sería de utilidad porque los abusos continuarían en las cárceles aun privatizadas.
