Derivado de la emergencia sanitaria por coronavirus (Covid-19), se ha tenido una reducción en los delitos perpetrados contra las personas extranjeras en situación irregular ya que de enero a junio se tiene un registro de 120 denuncias, reveló la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Se dio cuenta que estas personas son víctimas del tráfico ilícito de personas, retención ilegal, robo a personas, extorsión o chantaje, secuestro son los delitos que padecen las personas extranjeras en situación migratoria irregular.
De acuerdo con el reporte de Delitos Perpetrados en Contra de Personas Migrantes Irregulares en su travesía por México 2020, al que El Sol de México tuvo acceso, detalla que de enero a julio se tiene un registro de 120 personas que denunciaron ser víctimas de delito, siendo los más afectados los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, cuba, Haití, Jamaica, Bangladesh, Pakistán y Camerún.
En este sentido, la Unidad informó que las entidades en donde se reportan el mayor número de ilícitos son Hidalgo (48), Oaxaca (47), Chiapas y San Luis Potosí (9, respectivamente) y Coahuila (9), siendo víctimas 103 adultos y 17 menores de edad.
Las y los migrantes procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica, esto es Guatemala, Honduras y El Salvador, continúan siendo el grupo originario más afectado en términos de incidencia delictiva, pues de ellos se contabilizó alrededor de 80 por ciento como víctimas de los delitos reportados.
En un análisis puntual al respecto, dice el reporte, “es posible encontrar que ello es consecuencia en gran medida de que se trata del grupo más numeroso de personas migrantes en tránsito por territorio nacional”.
Por otra parte, el delito más recurrente que sufren las personas migrantes es el robo, al cual le siguen el tráfico ilícito de personas y el secuestro, lo que da “una muestra clara de la necesidad de protección que enfrentan las personas migrantes que transitan por nuestro país”.
Destaca también el hecho de que 44 por ciento de los delitos reportados se produjo en el estado de Chiapas, lo cual habla de la dinámica fronteriza y de los peligros que enfrentan las personas migrantes en la frontera sur.
En el reporte se dio cuenta que tan sólo en el 2019, se tuvo un total de 564 denuncia de agresiones, principalmente ciudadanos de Centro, Sudamérica y el Caribe, así como de África.
En el reporte de los Delitos Perpetrados en Contra de Personas Migrantes Irregulares en su travesía por México 2020, señala que “la atención a los procesos migratorios y de movilidad internacional se configura como uno de los principales retos”.
Señaló que la migración de personas se ha incrementado en la última década, lo que les ha puesto en riesgo de ser víctimas de algún delito.
“Cada año miles de personas migrantes se internan en nuestro territorio en su travesía hacia el norte. En la mayoría de los casos, se trata de población sin documentos migratorios, lo cual la expone a diversos riesgos y aumenta sus vulnerabilidades”, dice el informe.
Añade que durante su tránsito por el país, muchas de estas personas son víctimas de delitos de diversa índole y, en determinadas situaciones, vinculadas a delincuentes transnacionales, “no obstante la naturaleza de tales circunstancias, deben ser atendidas para que haya una correcta protección y garantía de sus derechos humanos”.
La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob) dejó claro que se tiene que trabajar en políticas migratorias de mayor alcance en cuanto a la protección de su integridad física y psicológica de los migrantes.
Por último, acotó que el diseño y ejecución de la Nueva Política Migratoria requiere de la gestión y actuación coordinada de instituciones que funcionen poniendo en práctica estándares internacionales y un trabajo eficiente para la adecuada atención de los flujos migratorios que transitan por México, considerando la diversidad de su composición y las características de sus integrantes, reconociendo en primera instancia el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
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