Con la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador cumple con su primera promesa de campaña, respecto a eliminar las pensiones a expresidentes y recortar los sueldos de los altos funcionarios.
"Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato", de acuerdo al artículo 11 de la ley que entrará en vigor a partir de mañana.
Mandata que ningún servidor público, incluyendo a los del Poder Legislativo, Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y empresas paraestatales, podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en funciones. Además, sancionarán los sobresueldos hasta con 14 años de cárcel y 26 millones 508 mil pesos.
"Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación", conforme al artículo 6.
Conforme a las reformas a los artículos 17 y 217 bis, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública investigarán a los servidores públicos que reciban pagos, bonos o prestaciones no establecidas en la ley.
Esta normativa fue enviada al poder Ejecutivo Federal el pasado 13 de septiembre para su publicación innediata en el DOF, tan solo dos semanas después de que arrancara la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.
Ese día, los diputados aprobaron la iniciativa, pese a que la norma conservaba varias deficiencias de forma, tales como la conservación del salario mínimo, en lugar de Unidad de Medida y Actualización, para las sanciones monetarias. También hace referencia al Distrito Federal y a instituciones como el Instituto Federal Electoral, los cuales ya cambiaron sus nombres y atribuciones al convertirse en Ciudad de México e Instituto Nacional Electoral.
Ninguna de las ambigüedades señaladas por los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, fueron modificadas, y se publicó tal cual bajo el aval de los presidentes de las mesas directivas del Congreso de la Unión en el Senado y la Cámara de Diputados, Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo; luego de que el presidente Enrique Peña Nieto no ordenó su publicación oficial.
Esta es la primera de doce prioridades legislativas de López Obrador y entrará en vigor antes de su toma de protesta el próximo 1 de diciembre.
Hoy a las 18:00 horas, el tabasqueño sostendrá una reunión abierta a medios con los legisladores de Morena, donde calendarizarán el resto de iniciativas pendientes.
