El uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales forma parte del mapa de riesgos elaborado por las autoridades electorales para 2018.
Los datos de fiscalización más recientes del Instituto Nacional Electoral (INE) revelan que el financiamiento ilícito de campañas creció, ya que mientras en 2016 se detectaron 77.3 millones de pesos de gastos no reportados por partidos, en 2017 la cifra fue de 276.4 millones.
Las principales formas de financiamiento ilícito que ha documentado el INE son desvío de recursos públicos por medio de empresas fantasmas, lavado de dinero y aportaciones ilegales de personas morales.
“Hemos documentado que hay pagos a estructuras partidistas a través de empresas, con frecuencia empresas fachada o fantasma, que a su vez recibieron recursos de entes públicos. Detrás de toda trama de financiamiento paralelo de la política, aparece el desvío de recursos de los contribuyentes”, dijo Ciro Murayama Rendón, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, durante la firma del convenio con la Auditoría Superior de la Federación.
Con los últimos datos públicos disponibles del INE, se desconoce el origen del 40% del gasto de campañas en 2017 para la gubernatura del Estado de México.
En entrevista con El Sol de México, el exfiscal electoral Santiago Nieto Castillo -hoy cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador- admitió que en los dos años de su gestión el número de investigaciones por empresas fantasmas aumentó respecto a la administración pasada.
“El INE ha desarrollado modelos de auditoría forense que permiten conocer de recursos no reportados, lo cual es un primer paso para el combate al financiamiento ilícito”, comentó.
El uso de empresas fantasmas para financiar campañas no es nuevo ni excluyente de partidos. En enero de 2013, cuando el entonces Instituto Federal Electoral seguía el rastro del dinero que el Partido Revolucionario Institucional supuestamente pagó a través de Monex, encontró otra ruta de investigación.
Al visitar a ciudadanos que fungieron como representantes de casilla para saber si les habían pagado por medio de tarjetas, ellos respondieron que sí, pero no de Monex, sino de Bancomer. Esta declaración abrió una investigación que duró cinco años, y que las autoridades electorales no han logrado sancionar.
De acuerdo al estudio “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, elaborado por la consultora Integralia y Mexicanos contra la Corrupción, por cada de peso que los partidos comprueban en gastos de campaña, hay 15 que no reportan, recursos que pasan por empresas fantasmas.
Entre enero de 2014 y enero de este año, el Sistema de Administración Tributaria registró cuatro mil 80 empresas fantasmas.
Integralia y Mexicanos contra la Corrupción encontraron una relación entre las empresas fantasmas y el financiamiento ilícito de campañas, pues las primeras son las que lavan dinero público para que partidos y candidatos obtengan recursos para ganar elecciones.
El informe indica que para ganar una elección a gobernador, se requieren de hasta 558 millones de pesos para pagar la estructura de compra del voto. El problema es que el tope de gastos de campaña más alto es de 299 millones.
“Cuando hablamos de empresas fantasmas hablamos de un problema de uso de tarjeta que pueden ser totalmente anónimas, y esa es una estrategia que se usa mucho para dispersar recursos, puedes repartir en pequeñas transacciones de 5 mil o 10 mil pesos que cuando salen del sistema bancario, se pueden utilizar con total discrecionalidad”, dijo Leonardo Núñez, uno de los autores del informe “Dinero bajo la mesa”.
Las épocas electorales disparan el uso de efectivo. En las mediciones del Banco de México se encontró que de febrero a junio de 2012 (periodo de la campaña), el efectivo que circuló en nuestro país creció en 37 mil 374 millones de pesos, una cifra que discrepa con años anteriores, pues en el mismo periodo de 2014 disminuyó 2 mil 958 millones, y en 2013 el descenso fue de 5 mil 119 millones.
Tras la reforma electoral de 2014, el INE siguió con la investigación del pago a representantes de casilla por medio de tarjetas. Fueron cinco años de interrogar a personas e ir al banco para obtener el rastro del dinero.
En enero de este año, a unos días de que venciera el plazo legal para impartir sanciones, el INE concluyó que los siete partidos que participaron en la elección federal de 2012 utilizaron a la empresa
Asismex para dispersar recursos para pagarles a los representantes de casilla de partidos, dinero del cual no se sabe de dónde salió.
