A pesar de que el pasado proceso electoral 2018 fue el más violento en la historia de México, donde fueron asesinadas 17 candidatas, 116 reportaron agresiones físicas contra ellas y sus familias, la violencia política no ha sido tipificada como delito ni existe un protocolo de género claro para detectarlo desde las instituciones.
Solo en el estado de Chiapas está tipificado en el artículo 39 del Código Penal y en Xalapa, Veracruz, es el único lugar en el país en las pasadas elecciones donde se aplicó “cero tolerancia a violencia política contra las mujeres, al negarse a postular a dos candidatos que no cumplieron con la sentencia que les aplicó el Tribunal electoral local”, señaló Candelaria Rodríguez, de la Red Chiapas por la Paridad, durante el conversatorio Mujeres al Poder y después de la paridad, ¿qué sigue?, organizado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beavouir (ILSB).
La violencia política tiene varias formas como la patrimonial, es decir, “el gasto utilizado para propaganda electoral de las candidatas fue 50% menor en 2018”, señalaron las panelistas.
Aunque se logró la paridad de género en los espacios de representación ciudadana, “la violencia simbólica persiste, pues “a las mujeres no se les ha incluido en espacios de toma de decisión relevantes como las coordinaciones parlamentarias o las comisiones más relevantes de las cámaras de Diputados y Senadores”.
En ese sentido, Ximena Andión, directora del ILSB, mencionó que “las formas de política no se han trasformado para erradicar la violencia contra las mujeres o permitirles la participación en espacios y condiciones de poder similares a los hombres”. Informó que se han reportado denuncias de que en los partidos políticos, las mujeres se sienten vulnerables por su condición de género.
Dania Ravel Cuevas, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), instó a vigilar los recursos destinados a la participación política de las mujeres, que son del 3% destinado a los partidos, y dijo que está impulsando desde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) “cómo tipificar la violencia política contra las mujeres”.
