Tras la anulación de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amnistía Internacional sostiene que el nuevo gobierno debe romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo.
Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civilesTania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México
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En reacción a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas respecto de la Ley de Seguridad, Interior Amnistía Internacional, a través de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas, señala que la declaración de inconstitucionalidad parece abrir una oportunidad para el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de desarrollar un plan detallado para el retiro pronto y ordenado de las fuerzas militares de las labores de seguridad.
No obstante, es preocupante que el presidente electo haya presentado una propuesta de seguridad que repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido y que ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos en manos de las fuerzas armadas
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Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto la Ley de Seguridad Interior, que pretendía regular la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Fueron nueve votos en contra del proyecto del ministro Mario Jorge Pardo Rebolledo y por la invalidez total de la ley, los ministros que integran el Pleno de la SCJN determinaron su inconstitucionalidad.
