Grupos de feministas están “en alerta” debido a que han identificado que previo a las protestas por la defensa de sus derechos las autoridades liberan una “ola de citatorios judiciales” contra varias de sus integrantes. Y ahora, a poco más de un mes de la tradicional marcha por el Día Internacional de la Mujer –que será el martes 8 de marzo– nuevos citatorios comienzan a llegar.

Arussi Unda, vocera de Las Brujas del Mar, explicó a El Sol de México que hasta ahora han contado al menos 30 citatorios entre 2020 y 2021, lo que es “una intimidación para que no salgamos a marchar el próximo 8M, pero sí vamos a salir”.

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Denunció que el Gobierno federal y el de la Ciudad de México se han valido de las cámaras del C5, de inteligencia y hasta de la policía cibernética para identificar a quienes han participado en las distintas movilizaciones. Y han girado en su contra citatorios judiciales desde el 18 de noviembre de 2020, que se han vuelto recurrentes cada que se acerca una fecha significativa.

El modus operandi ha sido identificado también en el Estado de México, Quintana Roo, Jalisco y en Tijuana, Baja California.

Ocurrió el año pasado, previo al 8M; también el 18 de septiembre con motivo del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, y el 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Es por ello que las feministas ahora integraron una red de abogadas de apoyo para enfrentar los citatorios ante los ministerios públicos e incluso algunas salieron de la ciudad para evitar ser ubicadas.

“Las fiscalías suelen mandar (citatorios) como un recordatorio de aquí te tenemos, aquí estamos y no te vayas a atrever a hacer algo. Es algo intimidatorio y violatorio de derechos humanos”, relató una de las mujeres que recibió un citatorio en las últimas horas.

La entrevistada, quien prefirió resguardar su nombre, señaló que en las carpetas de investigación que hay en su contra “no hay pruebas de absolutamente nada”, pero mantienen vivos los casos enviando citatorios recurrentes cada que se acerca una fecha especial para el movimiento.

“Me fabricaron delitos y no han decretado el ejercicio de la acción penal, pero han mantenido vivas las carpetas”.

SALEN DE LA CDMX

Los delitos que se les imputan a las mujeres investigadas son robo, lesiones a miembros de la policía, daño en propiedad ajena, pero también ataques a la paz social y asociación, señala Arussi Unda.

A través de sus redes sociales, las colectivas advirtieron a sus compañeras que “si les llegan sobres o paquetes que no pidieron a sus domicilios no los reciban, no firmen, no den sus datos, no confirmen su identidad y acérquense a los colectivos de abogadas feministas”.

El Frente Nacional Feminista contra la Represión acusó que “girar citatorios a mujeres activistas es una forma de controlar al resto para parar la protesta, como una amenaza de lo que te puede pasar”.

Unda explicó que el año pasado los citatorios llegaron a los domicilios de las activistas y los “policías judiciales que iban de civiles intentaron sembrar drogas y hasta armas, en algunos casos”. Por fortuna, agregó, “había abogadas y representantes de medios de comunicación en el lugar y se evitó algo mayor”.

Relató que este año, al iniciar la ola de citatorios, tal como ocurrió en 2020 y 2021, algunas de las líderes han preferido salir de la Ciudad de México, sin que ello evite que sus abogadas acudan a dar seguimiento a las carpetas que están abiertas.

“Lo interesante es que, cuando las abogadas acuden, resulta que hay carpetas que no han presentado movimiento en dos años… Los citatorios sólo se giran para evitar el cierre de las carpetas”.

Beth Legarreta, líder del llamado bloque negro, es una de las que tuvo que salir de la capital. Aseguró que se fue para evitar el acoso de las autoridades, debido a que en las últimas ocasiones “llegaron entre cinco o seis judiciales vestidos de civil a la casa de mis hermanos para entregar el citatorio”.

“Aunque está acreditado que en una de las tres carpetas en donde estoy incluida yo no acudí a la marcha en la que me acreditan lesiones a una policía, destrucción de propiedad y robo, la carpeta sigue abierta”.

Legarreta afirmó que a pesar de que sus hermanos no proporcionaron datos de su ubicación, las autoridades obtuvieron su domicilio “luego de que le pidieron a Uber que les proporcionara mis datos”.

Activistas denuncian que las autoridades sustentan sus acusaciones a partir de lo publicado en un perfil de Facebook perteneciente a la usuaria Ana Pérez que se creó dos días antes de que llegaran los primeros citatorios, hace dos años.

“Esta persona dijo que yo pertenecía al bloque negro, dieron mi nombre completo y con eso me mandaron el citatorio… pero cómo puedes seguir acusaciones de una persona cuya identidad no se ha confirmado. Cuando las abogadas feministas tomaron acciones, da la casualidad que el perfil desapareció”.

La sugerencia que han dejado las colectivas, previo a la marcha del 8M, es que quienes asistan se tapen sus rostros, más si se trata de integrantes del bloque negro. “Se sujeten el cabello y no lleven ningún tatuaje o marca a la vista para no ser reconocidas”.

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