/ jueves 7 de septiembre de 2023

Condena a Lula fue un error histórico, admite juez en Brasil

Las confesiones “fueron obtenidas por medios ilegales para encarcelar al líder; Moro defiende Lava Jato

BRASILIA. El Tribunal Supremo de Brasil anuló las pruebas provenientes de confesiones de ejecutivos del gigante Odebrecht, implicado en el escándalo de corrupción Lava Jato, y afirmó que la prisión del presidente Lula, ligada a la investigación, fue “uno de los mayores errores judiciales de la historia” del país.

El juez Jose Antonio Dias Toffoli reconoció así la solicitud de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva y declaró como inútiles las pruebas recibidas por el acuerdo con Odebrecth, al considerar que fueron obtenidas por medios “heterodoxos e ilegales”. Además, consideró que la intención de aquel caso era la de “poner a un líder político entre rejas”.

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“Fue un montaje resultante de un proyecto de poder por parte de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones 'contra legem' (contrarios a la ley)”, dijo el juez.

El juez señaló que las pruebas obtenidas por el juez Sergio Moro para incriminar a Lula fueron obtenidas por medios ilegales de “tortura psicológica”, y el caso dejó “secuelas físicas y mentales” a acusados y testigos, destruyó “activos públicos y privados nacionales” e incluso “arrebató vidas”.

La prisión de Lula puede considerarse uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”, declaró Dias Toffoli.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo en un mensaje en la red X (antes Twitter) que la decisión del magistrado “reafirma la inocencia del presidente“.

Tras el fallo, la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil anunció este miércoles que analizará posibles fallos en la actuación de los fiscales y jueces que investigaron y encarcelaron a Lula.

La AGU, que representa los intereses del Estado brasileño y cuyo titular es nombrado por el presidente, creará un grupo de trabajo para investigar “desvíos de agentes públicos” y promover la “reparación de los daños causados” por el juicio contra Lula, según señaló la institución en un comunicado.

En respuesta, el senador y exjuez Sérgio Moro, quien llevó a prisión al hoy presidente de Brasil, criticó la decisión la Corte Suprema y dijo que la corrupción fue real.

La corrupción en los gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores) era real, los criminales confesaron y se recuperaron más de 6 mil millones de reales (unos mil 200 millones de dólares al cambio actual) para Petrobras”, señaló en las redes sociales el exjuez, que dirigió la denominada Operación Lava Jato.

En el gigante latinoamericano Odebrech fue acusado por la fiscalía de participar junto a otras empresas, políticos e intermediarios, de una red de sobornos y contratos amañados con la estatal Petrobras.


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La red, destapada en 2014 por la investigación llamada “Lava Jato”, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del país.

Las acusaciones contra la empresa trascendieron Brasil, con causas judiciales abiertas en otros países latinoamericanos y africanos, y decenas de políticos prominentes salpicados por acusaciones de corrupción, entre ellos varios expresidentes.

BRASILIA. El Tribunal Supremo de Brasil anuló las pruebas provenientes de confesiones de ejecutivos del gigante Odebrecht, implicado en el escándalo de corrupción Lava Jato, y afirmó que la prisión del presidente Lula, ligada a la investigación, fue “uno de los mayores errores judiciales de la historia” del país.

El juez Jose Antonio Dias Toffoli reconoció así la solicitud de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva y declaró como inútiles las pruebas recibidas por el acuerdo con Odebrecth, al considerar que fueron obtenidas por medios “heterodoxos e ilegales”. Además, consideró que la intención de aquel caso era la de “poner a un líder político entre rejas”.

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“Fue un montaje resultante de un proyecto de poder por parte de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones 'contra legem' (contrarios a la ley)”, dijo el juez.

El juez señaló que las pruebas obtenidas por el juez Sergio Moro para incriminar a Lula fueron obtenidas por medios ilegales de “tortura psicológica”, y el caso dejó “secuelas físicas y mentales” a acusados y testigos, destruyó “activos públicos y privados nacionales” e incluso “arrebató vidas”.

La prisión de Lula puede considerarse uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”, declaró Dias Toffoli.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo en un mensaje en la red X (antes Twitter) que la decisión del magistrado “reafirma la inocencia del presidente“.

Tras el fallo, la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil anunció este miércoles que analizará posibles fallos en la actuación de los fiscales y jueces que investigaron y encarcelaron a Lula.

La AGU, que representa los intereses del Estado brasileño y cuyo titular es nombrado por el presidente, creará un grupo de trabajo para investigar “desvíos de agentes públicos” y promover la “reparación de los daños causados” por el juicio contra Lula, según señaló la institución en un comunicado.

En respuesta, el senador y exjuez Sérgio Moro, quien llevó a prisión al hoy presidente de Brasil, criticó la decisión la Corte Suprema y dijo que la corrupción fue real.

La corrupción en los gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores) era real, los criminales confesaron y se recuperaron más de 6 mil millones de reales (unos mil 200 millones de dólares al cambio actual) para Petrobras”, señaló en las redes sociales el exjuez, que dirigió la denominada Operación Lava Jato.

En el gigante latinoamericano Odebrech fue acusado por la fiscalía de participar junto a otras empresas, políticos e intermediarios, de una red de sobornos y contratos amañados con la estatal Petrobras.


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La red, destapada en 2014 por la investigación llamada “Lava Jato”, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del país.

Las acusaciones contra la empresa trascendieron Brasil, con causas judiciales abiertas en otros países latinoamericanos y africanos, y decenas de políticos prominentes salpicados por acusaciones de corrupción, entre ellos varios expresidentes.

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