El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, exigió en un mensaje transmitido por televisión la liberación de los ocho miembros de su gobierno puestos en prisión provisional este jueves en España, sospechosos de sedición y rebelión por su papel en la apuesta independentista catalana.
"Como presidente legítimo de Cataluña, exijo la liberación de los consejeros y del vicepresidente" Oriol Junqueras y "el fin de la represión política", señaló Puigdemont en el video emitido por la televisión pública catañana TV3, que indicó que el presidente cesado hablaba desde Bélgica.
"El clan furioso del 155 nos quiere en prisión. El clamor sereno de los catalanes es de libertad", añadió en un segundo mensaje también en catalán ilustrado con una fotografía de una concentración independentista.
Puigdemont, que según fuentes de su entorno permanece en Bélgica desde el pasado lunes junto a otros cuatro exconsejeros (Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) ha reaccionado así a la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar al cesado gobierno de Cataluña a prisión a la espera de juicio.
Lamela ha dictado prisión provisional sin fianza para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros y prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para el también exconsejero Santi Vila, que dimitió antes de la declaración unilateral de independencia del pasado viernes.
La juez también decidió Lamela aplazar su decisión acerca de ordenar la detención de Puigdemont y los cuatro exconsejeros de su gabinete que lo acompañan en Bruselas.
El expresidente de la Generalitat y los cuatro exconsejeros regionales que le acompañan en Bélgica no compareció hoy en sede judicial en Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional.
Puigdemont, que ha contratado en Bélgica a un abogado experto en procesos de extradición y derechos Humanos, se había expresado públicamente por última vez ayer, también a través de Twitter, con un mensaje en el que recordaba la "violencia" del referéndum ilegal del 1 de octubre y dijo que seguiría trabajando "a pesar de las amenazas pasadas y presentes".
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