Culiacán, Sin.- Un día después de que fueron privados de la libertad en el fraccionamiento Sábalo Country de Mazatlán, familiares de los tres jóvenes desaparecidos interpusieron un amparo ante un juzgado federal donde denuncian que policías participaron en el hecho delictivo.
De acuerdo con el expediente 285/2022, iniciado el domingo 17 de abril, el cual está radicado en el juzgado Décimo de Distrito de Sinaloa, el acto reclamado consiste en la “privación de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, así como desaparición forzada” por parte de agentes policiacos.
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La demanda de amparo señala como responsables a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, bajo el mando de Cristóbal Castañeda Camarillo, a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, a la Fiscalía General del Estado, Marina y Sedena.
La relatoría indica que el sábado 16 de abril, los jóvenes Eduardo, de 26 años de edad; Pablo Leonel Palomo Arredondo, de 29 años, y Carlos Daniel Garza Rocha, de 23 años, se encontraban en un condominio de Sábalo Country, en donde se habían hospedado para pasar las vacaciones.
Fue durante la madrugada en que de acuerdo con testigos llegaron policías uniformados en una patrulla, acompañados de civiles armados, y se los llevaron a la fuerza luego de golpearlos. Otras personas no fueron detenidas y fueron quienes avisaron a la familia de los jóvenes “levantados”.
“Llegaron una patrulla y una Patriot, una GMC Sierra blanca y una Colorado gris, se bajaron hombres armados con capuchas y los empezaron a golpear y los encintaron y los subieron, se los llevaron y no sabemos nada de ellos, fueron de vacaciones con un grupo de amigos, les pedimos por favor nos ayuden a compartir; junto con ellos se llevaron una Tahoe gris, una Sierra negra y un Razer”, señala la publicación de un familiar en redes sociales.
El Juez Décimo de Distrito, al admitir la demanda de amparo, pidió a las autoridades señaladas en el cuerpo del escrito que:
“Cesen de inmediato los actos de incomunicación, malos tratos, tortura, así como cualquier otro acto proscrito que, en su caso, se inflijan a los directos quejosos por encontrarse dentro de las conductas prohibidas por el artículo 22 constitucional”.
Así, de este modo se le ordenó a un fedatario federal para que se constituya de inmediato en las Instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad mazatleca.
“De no localizarlos, deberá trasladarse a las comandancias e instalaciones policiales y de detención de la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía de la Región, Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, Zonas Militar o Marina Armada de México, hospitales, centros de atención psiquiátricos, centros penitenciarios o cualquier otro lugar donde pudiera localizarse a los directos quejosos”, puntualiza el trámite de demanda.
Hasta el momento las autoridades de Mazatlán y de Sinaloa no se han pronunciado por este caso ocurrido en plena Semana Santa en este destino turístico que recibió más de 800 mil visitantes del estado, de otras partes del país y el extranjero.
